La financiación de la educación es una de las obligaciones centrales del Estado, tal y como establece el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), reiteran el derecho a la educación básica, gratuita, y obligatoria, el derecho a la educación universalmente disponible y progresivamente gratuita en el nivel secundario, el derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde la educación infantil hasta la edad adulta, el derecho a una educación de calidad y el derecho a una educación sin discriminación que satisfaga las necesidades de los más marginados.